En diciembre del año pasado, UNICEF había informado que la pobreza infantil en Argentina llegaba al 48 %.  En nuestro país, casi de la mitad de los niños, niñas y adolescentes tenían las "necesidades básicas insatisfechas", una denominación técnica que implica que la pobreza no es solo monetaria, si no multidimensional. O sea, tenían falencias en educación, protección social, vivienda adecuada, agua potable y hábitat saludable, entre otros derechos enunciados por la Convención de Derechos del Niño.

Esta semana, el Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, arrojó resultados peores: La pobreza en la infancia y adolescencia trepó al 51,7%, la cifra más alta de la década.

Los números duelen: ese porcentaje  esconde 7 millones de chicos. Pero todavía hay un dato más indignante: de esos niños, el 29 % tiene déficit alimentario y el 13 % pasa hambre, algo imperdonable en un país que puede producir alimentos para 300 millones de personas.

Los chicos, que deberían ser los más protegidos, se han convertido en el sector más vulnerable económica y socialmente. Son los últimos responsables de la crisis económica pero son los primeros que la sufren.  Es urgente que se implemente políticas públicas para resolver este problema.

La pobreza infantil "es una deuda estructural con la infancia y la adolescencia que nos interpela como sociedad y requiere de acuerdos de largo plazo que involucren a todos los actores políticos, acompañados de una sociedad civil movilizada y de un compromiso de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo" reclamaba UNICEF en el informe del 2018 sobre los efectos de la situación económica argentina en los niños.

Pasaron seis meses y estamos peor. Seis meses en la vida de un niño es mucho tiempo.  Los niños son chicos ahora, tienen hambre ahora.