El 31 de diciembre pasado, en Salta, Graciela Flores fue apuñalada por su ex pareja, quién después intento suicidarse. Ambos terminaron en el hospital San Bernardo, pero Graciela murió el 1 de Enero. Su asesino sobrevivió y ella se convirtió en la primera víctima de femicidio del año.   

Así empezó este 2021 que en lo que va del año tienen un promedio de una mujer muerta cada 23 horas. Todas en manos de su pareja, ex pareja o un allegado íntimo. 

44 mujeres hasta el momento que escribimos esto. La última fue Úrsula, apuñalada por su ex novio policía, después de haber hecho 18 denuncias y haber dado todas las alertas que estaban a su alcance.  

Todo lo que se pudo hacer mal con ella, se hizo. Como ocurre con muchas de las mujeres a las que se les ignoran las denuncias, se les viola la restricción perimetral, no se les da la protección que piden a gritos (o en silencio). Esto demuestra la total y absoluta ausencia de una política de género en serio. 

No sirve de nada hablar de igualdad e inclusión mientras nos están matando, y menos sirven si los que nos matan son los que deberían protegernos. 

POLICIAS Y VIOLENCIA DE GENERO: UN CASO POR SEMANA.   

Que haya sido un policía no es un tema menor. Un informe del defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo, arroja un dato espeluznante: en la provincia de Buenos Aires se abre un caso por semana por violencia de género que tiene como involucrados a agentes de fuerzas de seguridad, en su mayoría integrantes de la Policía bonaerense, aunque las investigaciones penales también involucran a agentes de policías locales, del Servicio Penitenciario, de la Policía Federal, del Ejército y de Gendarmería.

“Lo ocurrido con Úrsula, lamentablemente, no es un episodio aislado. Es un flagelo que se viene registrando en los últimos años, y que requiere la aplicación de políticas efectivas a fin de evitar que ocurran nuevos femicidios. Estamos hablando de casos en los que los acusados portan armas, tienen acceso y contactos en dependencias policiales y de otras fuerzas de seguridad, con lo cual el mero dictado de perimetrales no constituye, por si solas, medidas efectivas de protección.” sostiene Martello , quien cierra diciendo que “También es necesario que sea efectiva la capacitación en género –contemplada en la Ley Micaela- a cada integrante de las fuerzas de seguridad, y que las pruebas psiquiátricas y psicológicas de admisibilidad de los aspirantes sean rigurosas, y que haya un seguimiento permanente. Se debe evitar que una carpeta psiquiátrica pueda ser utilizada como un atenuante de femicidio.” (pueden leer el informe completo acá)

La foto publicada por Clarín es todo un símbolo de la ineficacia del Estado para proteger a Úrsula